La Lex Cornelia de provincinis ordinandi fue una ley promulgada por el dictador Silla en el año 81 A. C. sobre la cuestión de prorogàtio impèrii (Instituto típico de la época republicana que consistía en atribuir a los magistrados que habían caído de su cargo la tarea de llevar a cabo campañas de guerra en curso o continuar en la administración de las provincias conquistadas; a partir de finales del siglo II A. C. fue concedido por medio de senatusconsùltum, es decir, siguiendo la medida senatorial los cònsules y los prætòres asumieron el título de procònsules y proprætòres).
La ley regulaba el Gobierno de las provincias, y estableció que los magistrados, después de un año de cargo en Roma, tenían derecho a ser asignados por un segundo año como propretori al gobierno de una provincia sorteggiatagli: la gestión del Poder Judicial, provincial, por lo tanto, se considera prorogation de la ciudad. La innovación se refiere según Theodor Mommsen, historiador alemán y erudito del siglo XIX, también a los cónsules, que no podían ir a la provincia en el año del consulado, ni podían ejercer el imperio militar en Italia. Los promagistrati mantuvieron el Imperio hasta la llegada del sucesor, pero tuvieron que abandonar la provincia en treinta días: también mantuvieron el Imperio hasta su regreso a Roma, para que pudieran triunfar y se les confiaran nuevas asignaciones militares.