Desamortización de Mendizábal

La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a finales del siglo XVIII por Manuel de Godoy (1798) y concluido en el siglo XX (16 de diciembre de 1924). En otros países el fenómeno tenía características más o menos similares. Consistía en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y Bienes improductivos (manomorta), casi siempre pertenecientes a la Iglesia Católica o a sus órdenes religiosas o fincas nobiliarias, que se habían acumulado mediante donaciones, testamentos y sucesiones AB intestate. Su objetivo era aumentar la riqueza nacional y crear una burguesía y una clase media de propietarios trabajadores. Además, el tesoro podría haber obtenido ingresos extraordinarios con los que quería reembolsar los títulos de la deuda pública. La desamortización se convirtió en el principal arma política con la que los liberales modificaron la estructura de la propiedad del Antiguo Régimen, para suplantarla con el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX.

Fue construido durante los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766 y 1808. Incluye la desamortización de Manuel Godoy y el Ministro Cayetano Soler entre 1800 y 1808. Expropiaron bienes de la Compañía de Jesús, hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y colegios universitarios, y también bienes que no eran explotados por particulares.

José Bonaparte llevó a cabo una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas a favor del vettovagliamento y los gastos de guerra de las tropas francesas.

Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados (ya no bajo la dirección de Mendizábal, quien dejó el ministerio en mayo de 1836) han sido relativamente escasos. Dado que la división de los lotes fue confiada a comisiones municipales, éstas aprovecharon su poder para operar manipulaciones y labrar grandes lotes fuera del alcance económico de los pequeños propietarios y en su lugar accesibles por las oligarquías más ricas. Los pequeños propietarios no podían competir y las tierras eran compradas por nobles ricos y burgueses, por lo que no se podía formar una verdadera burguesía o clase media que pudiera elevar la economía del país. Las tierras expropiadas por el Gobierno eran exclusivamente eclesiásticas, principalmente las improductivas. A pesar de las grandes expropiaciones, la Iglesia no recibió ninguna compensación. Por lo tanto, la Iglesia decidió excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de tierras, lo que desvió a muchos de la compra de tierras, que a veces se llevaba a cabo a través de intermediarios y prestamistas.

El 2 de septiembre de 1841 el progresista Baldomero Espartero, recién nombrado regente, impuso la expropiación de los bienes del clero secular. Esta ley duraría menos de tres años y con la caída del Partido Progresista la ley fue derogada. En 1845, durante la Década Moderada, el esfuerzo del gobierno por restablecer las relaciones con la Iglesia, llevó a la firma del Concordato de 1851.

Durante el segundo gobierno del progresista Espartero, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, construyó una nueva desamortización (1855), que fue implementada con mayor rigor que la de Mendizábal. El 1 de mayo de 1855 se publicó en la Gaceta de Madrid y el 31 del mismo mes se emitió el Reglamento de aplicación. Profesando estar en la venta de todos los bienes del estado, del clero, de las órdenes militares (orden de Santiago, orden de Alcántara, orden de Calatrava, orden de Montesa y orden de Malta), cofradías, obras pías, santuarios, ex-infante Don Carlos, de los bienes de los municipios (propios y comunes), caridad y Educación Pública, con algunas excepciones. Fue la que alcanzó el mayor volumen de ventas y fue de mayor importancia que todas las anteriores, aunque tradicionalmente los historiadores han tratado mucho más que la de Mendizábal. Su importancia radica en su duración, en el gran volumen de activos implicados y en la profunda repercusión que tuvo en la Sociedad Española. Después de formar un terreno de confrontación entre los conservadores y los liberales, en este período casi todos los partidos políticos reconocieron la necesidad de acabar con la laguna para lograr un mayor desarrollo económico. La aplicación de la ley fue suspendida el 14 de octubre de 1856, para reanudarla de nuevo dos años más tarde, el 2 de octubre de 1858, con el Ministerio de Leopold O''Donnell y sales siguió hasta finales de siglo, a pesar de los diferentes gobiernos. En 1867, un total de 198 habían sido vendidos. 523 lotes rurales y 27. 442 urbano. El estado cobró 7. 856. 000. 000 de reales entre 1855 y 1895, casi el doble de los ingresos de la desamortización de Mendizábal. Este dinero se utilizó básicamente para cubrir el déficit público, para la extinción de la deuda pública y para obras públicas, con una dotación de 30 millones de reales al año para la reconstrucción y reparación de las iglesias de España. En total, se estima que, de todos los bienes expropiados, el 30% pertenecía a la Iglesia, el 20% a obras de caridad y el 50% A propiedad municipal. El estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes de desamortización.

Muchas pinturas y libros de los monasterios se vendían a precios bajos y terminaban en el extranjero, aunque la mayoría de los libros estaban destinados a bibliotecas públicas o universitarias. Muchos edificios de interés artístico quedaron abandonados con la consiguiente ruina de los mismos (principalmente conventos y monasterios), otros fueron destinados a usos civiles. La desamortización de los conventos alteró el modelo de la ciudad. En muchas ciudades, los terrenos y edificios religiosos, ricos en jardines, fueron suplantados por edificios más altos con una explotación más intensa de la tierra. Muchos edificios religiosos antiguos se convirtieron en edificios públicos, otros fueron demolidos para la apertura de nuevas carreteras o para ampliar las preexistentes, otros se convirtieron en iglesias parroquiales o, vendidos en subasta, pasaron a manos privadas. De hecho, fue un duro golpe para la vida religiosa del país, especialmente para la vida monástica, que en España había tenido una tradición milenaria.

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